Por Fernando Mudarra, Director General de Fundación Tomillo

La Justicia Social es un concepto que sigue ganando relevancia año tras año, especialmente en un mundo cada vez más interconectado y diverso. Se refiere a la idea de que todos los individuos, independientemente de su origen, género, raza, religión o condición socioeconómica, deben tener acceso a los mismos derechos y oportunidades. Este principio no solo busca la equidad en la distribución de recursos, sino que también promueve la dignidad humana y el respeto por la diversidad.
El concepto abarca varias dimensiones que son esenciales para construir sociedades más justas y equitativas, como por ejemplo la Equidad Económica, referida a la distribución justa de recursos y oportunidades económicas y a la creación de un sistema que permita a todos y todas acceder a empleos dignos y salarios justos; el Acceso a la Educación, como un derecho fundamental y un motor de cambio social, que implica que todos los individuos tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su origen socioeconómico; los Derechos Humanos, asegurando la lucha contra la discriminación, la violencia y la opresión y garantizando que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto; y la Participación Política, asumiendo que las voces de las minorías y los grupos marginados deben ser escuchadas y tenidas en cuenta en la toma de decisiones.
Afortunadamente, vivimos en un espacio europeo que sigue reafirmando la necesidad de trabajar en mantener y ampliar derechos para la ciudadanía. Por ello, tras las recientes elecciones al Parlamento Europeo, la Comisión Europea ha establecido un conjunto de medidas para mantener y mejorar la calidad de vida de la que disfrutamos en la actualidad, con objetivos concretos para 2030. En estas medidas hay un foco particularmente importante en la juventud, que ha visto reducidas sus expectativas de desarrollo y crecimiento en las últimas décadas. Las medidas giran en torno a apoyar salarios justos, buenas condiciones de trabajo, formación y transiciones justas entre empleos, prevenir y combatir la exclusión social de los niños y niñas a través de la educación u organizar diálogos sobre política de juventud para garantizar que los jóvenes puedan utilizar su voz para configurar el futuro de la UE.
Sin embargo, a pesar de los avances en la promoción de la justicia social, aún existen numerosos desafíos que deben ser abordados. Son además complejos y multifacéticos y abarcan desde estructuras sociales y económicas hasta actitudes culturales y políticas.
Uno de los principales desafíos es la persistencia de la desigualdad económica. A nivel global, la brecha entre personas ricas y pobres sigue ampliándose. Esta desigualdad no solo limita el acceso a recursos básicos como la educación y la atención médica, sino que también perpetúa ciclos de pobreza que son difíciles de romper. La falta de oportunidades económicas para las comunidades vulnerables es un obstáculo significativo para lograr una sociedad más justa.
La educación de calidad es un pilar esencial, pero enfrenta retos significativos. En muchas partes del mundo, el acceso sigue siendo un privilegio en lugar de un derecho. Sin una educación adecuada, las personas tienen menos posibilidades de mejorar su situación y contribuir a la sociedad. Por lo tanto, es crucial invertir en sistemas educativos que sean accesibles y equitativos para todos.
Además, en ocasiones, la falta de voluntad política hace que las políticas públicas no siempre reflejen las necesidades de las comunidades más vulnerables. Para superar este desafío, es esencial que los ciudadanos y ciudadanas individualmente y las organizaciones del sector social se involucren haciendo propuestas, promoviendo soluciones y aportando herramientas para los colectivos menos atendidos. En materia educativa, formativa y de acceso al empleo es lo que hace la Fundación Tomillo desde hace más de 40 años.
En conclusión, la búsqueda de justicia social enfrenta múltiples desafíos que requieren un enfoque integral y colaborativo. Abordar la desigualdad económica, la discriminación, la falta de acceso a la educación, la voluntad política y la polarización social son pasos fundamentales para construir un futuro más equitativo. Este futuro pasa porque nuestra juventud sienta que tiene futuro, que se les apoya con educación, servicios sociales y orientación adecuada a sus expectativas. Y pasa igualmente porque se involucren en ello, como protagonista de su propia evolución y la de la sociedad en la que viven. La justicia social no es solo un ideal, sino una necesidad urgente que debe ser perseguida con determinación y compromiso por parte de todos los sectores de la sociedad, para así garantizar una forma de vida digna y plena para todas y cada una de las personas que forman parte de ella.
















































































